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INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA RESPALDA DENUNCIAS DE WILSON ARIAS SOBRE ACAPARAMIENTO DE BALDÍOS

  • Última actualización en Sábado, 06 Junio 2015 22:07
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"En agosto de 2010 se realizó el primer debate de control político sobre la acumulación irregular de baldíos por parte de empresarios nacionales y extranjeros, particularmente en la Altillanura colombiana. La multinacional brasilera Mónica Semillas, fue el primer caso denunciado en este debate y le siguieron más de ahí en adelante, pues durante 4 años de actividad legislativa la actividad de investigación no cesó. Tal y como lo titulaba un reportaje sobre las maniobras de la multinacional brasilera "Detrás de Mónica otras vendrán", en efecto, más llegaron y por ende más se denunciaron. Después de Mónica se denunció a la italo-española Poligrow, la estadounidense Cargill, el ingenio Riopaila, al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el ingenio Manuelita, familias como los Raffo Palau, entre otros. Todos ellos con una característica en camún: infringieron la Ley  160 de 1994 (de diversas formas) para acumular tierras por encima de la Unidad Agrícola Familiar, y de esta manera quedarse con la tierra que constitucional y legalmente debe ser para los campesinos pobres y sin tierra, que bastantes hay en el país.

Cada caso se documentó, se presentó ante la opinión pública y ante las autoridades competentes. Una de estas autoridades que vela por la defensa y protección del patrimonio público, representado en este caso en las tierras baldías, es la Contraloría General de la República. En dos informes de auditoría (uno de febrero de 2014 y otro de mayo de 2015), el ente de control recoge las denuncias y eleva los hallazgos contra el INCODER, determinándose un presunto detrimento fiscal al Estado colombiano por cerca de 200 mil millones de pesos, representados en más de 150.000 hectáreas de tierras, que hoy están en manos de empresarios y agentes económicos inescrupulosos, cuando deberían estar en manos del campesinado. Habrá que esperar para que la presión social y el deber legal de las autoridades actúe, para que no se siga repitiendo el despojo de la tierra en Colombia."

- Denuncia presentada por Wilson Arias (Julio de 2014) ver Aquí

- Informe de la Contraloría sobre acumulación ilegal de baldíos ver Aquí

No más artilugios la TIERRA ES PARA LOS CAMPESINOS (Wilson Arias debate sobre los baldíos)

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Boletín de prensa

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

EL POBRE DE LA FAMILIA IRAGORRI: UN CAMPESINO MUY AVIÓN

El Representante Wilson Arias denunció en debate de la Comisión V de Cámara que la familia Iragorri está involucrada en un caso de acaparamiento de baldíos en el Vichada.

La sociedad Agro Elbita SAS es copropietaria de al menos tres predios contiguos con antecedente de baldío ubicados en la Primavera, Vichada, que suman alrededor de 3.800 hectáreas. Los representantes legales de esta empresa pertenecen a la familia Iragorri, del departamento del Cauca. Se trata de María Alejandra y Julián, hijos de la reconocida Maruja Iragorri y sobrinos del Senador Aurelio Iragorri Hormaza. En este caso, además de acumulación de tierras baldías, se presentaron irregularidades en la adjudicación que efectuara el INCORA (hoy INCODER), puesto que el propio Pablo Valencia Iragorri, empresario del sector de la aviación y también hijo de Maruja, fue beneficiario de la adjudicación de un predio, contrariando las disposiciones de la Ley 160 de 1994, la cual establece claramente que los terrenos baldíos deben ser adjudicados a campesinos pobres, sin tierra, que se dediquen a la explotación del predio.

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Accionistas de Riopaila sabrían de los actos ilegales de la empresa": Wilson Arias

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RIOPAILA y CARGILL sí se apropiaron de baldíos, con asesoría de BRIGARD & URRUTIA

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Más pruebas sobre el acaparamiento irregular de baldíos en la Orinoquia. Con facturas y documentos a la mano, Wilson Arias controvierte respuesta de Carlos Urrutia y demuestra que él y su bufete Brigard & Urrutia sí asesoraron tanto a Cargill como a Riopaila. Insiste en que Juan Manuel Santos le remueva del cargo. Ratificado debate en la Cámara de Representantes.

Riopaila Castilla S.A. adquirió 42.000 hectáreas de tierra en el departamento del Vichada, en el proyecto denominado Veracruz. La multinacional estadounidense Cargill compró 52.500 hectáreas en la misma zona (de hecho sus proyectos son adyacentes). Está demostrado que ambas empresas violaron la ley 160 de 1994 al acumular tales extensiones. Y hoy se demuestra que, contra lo que sostiene el Embajador Urrutia en carta de respuesta a Wilson Arias, ambas contaron con la asesoría del bufete de abogados Brigard & Urrutia. Estos hechos ya son de dominio de la opinión pública, pero han sorprendido las afirmaciones del diplomático  Urrutia, para quien ni hubo apropiación de baldíos ni su bufete asesoró a Cargill.

Estos hechos se han presentado como un asunto de interpretación jurídica en los medios de comunicación. Algunos, buscan falsas inconsistencias de la ley 160 para justificar las compras masivas, como el abogado "sofisticado", Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia, con quien parece estar alineado el embajador, según sus recientes declaraciones (Ver). Pero la ley es clara. Ella, en desarrollo de  principios constitucionales y jurisprudenciales, establece que NADIE podrá acumular terrenos superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en terrenos que hubiesen sido adjudicados como baldíos. Los terrenos públicos deben ser destinados exclusivamente a campesinos pobres, sin tierra. Requisitos que claramente no cumplen ni Riopaila, uno de los más grandes ingenios azucareros del país,  ni Cargill la multinacional de alimentos más importante del planeta.

El Consejo de Estado  interpreta cabalmente   la ley conforme a los principios constitucionales rectores, por eso, frente a aspectos como la fecha de adjudicación  a partir de la cual rigen estas prohibiciones, ha dejado en claro que, en una excepción a la irretroactividad de la ley, las limitaciones rigen a predios adjudicados después de 1961 y no únicamente después de 1994, como pretenden el gobierno, los empresarios y sus asesores (Ver). Por ser estas compras, tanto las de Riopaila como las de Cargill, en predios con antecedente de baldío, dichas transacciones deben considerarse nulas y, por la forma en que materializaron, también como delitos.

Para intentar burlar la ley, Riopaila y Cargill recurrieron al bufete Brigard & Urrutia, el cual diseñó un complejo entramado jurídico para tal propósito. El embajador reconoce su asesoría al primero, pero niega al segundo. Llama la atención que Black River – Colombia Agro hasta hace unas semanas aparecieran en la página web de la firma de abogados, como una de sus asesorías calificadas de “casos exitosos", a cargo de Uribe Noguera. Entiéndase, Black River es el fondo de cobertura internacional de Cargill y Colombia Agro, la razón social bajo la cual ha operado la multinacional en Colombia. Tras el escándalo desatado, este "caso exitoso" ha desaparecido de la página web, la cual de hecho ha sido modificada desde entonces en tres ocasiones (Ver).

Pero además, las evidentes similitudes del modus operandi utilizado por Riopaila y por Cargill, sugieren que ambos compartieron  la misma fuente asesora. Las dos empresas comenzaron a estructurar sus negocios desde 2009 aproximadamente. En ambos casos se conformaron estructuras empresariales para acumular los predios con antecedentes de baldío. Riopaila Castilla creó aproximadamente 27 SAS, mientras que Cargill hizo lo propio con 36 de estas empresas. Cada una de estas empresas tipo SAS adquirió una UAF para conformar un gran globo de tierra en el departamento del Vichada, que entre las dos suman aproximadamente 100 mil hectáreas.

¿Qué pasará entonces cuando el gobierno colombiano intente recuperar para los campesinos nacionales, estas tierras adquiridas irregularmente, como en algún momento lo reconociera el propio ministro de agricultura Francisco Estupiñan? El embajador Urrutia estaría enfrentado a una disyuntiva, puesto que su deber como embajador sería recuperar las tierras, pero de otro lado, el bufete que dirigía conceptuó previamente a favor de las compras.

En la respuesta que nos suministra el Embajador Urrutia, afirma que estos hechos son ajenos a su función como embajador, pero de otro lado, califica como “juicio de valor equivocado” decir que hubo apropiación de baldíos en estos casos y que no está de acuerdo con que “haya habido irregularidades  en relación con las compras de terrenos  en las que hayan intervenido clientes de la firma Brigard & Urrutia”. Es decir, para defender las actuaciones del bufete y sus clientes, su investidura como embajador ya no sería un obstáculo (Ver).

Si bien el actual embajador de Colombia en Estados Unidos niega el beneficio económico obtenido por la asesoría brindada por el bufete de abogados, no puede decir lo mismo de los servicios brindados a Riopaila Castilla S.A. El ingenio habría pagado a Brigard & Urrutia más de $331 millones, de los cuales $194 millones se encuentran plenamente soportados  en sus registros contables (Ver), que el Representante a la Cámara ha puesto al conocimiento público.

De la dimensión de éste escándalo a partir de la información divulgada, y de las pruebas que iré presentando en las próximas semanas, tendrán conocimiento la opinión pública colombiana y la comunidad internacional. De hecho, estos sucesos han aparecido recientemente en prestigiosos medios de comunicación internacionales, donde el nombre del embajador se ve seriamente comprometido, afectando ostensiblemente el prestigio de la  diplomacia colombiana, mientras crece la indignación ciudadana al conocer las actuaciones del embajador y su bufete. Por esto, y por las incompatibilidades que yo considero manifiestas, le reitero la exigencia al Presidente de la República, para que retire del cargo al embajador de Colombia ante los Estados Unidos. De igual manera, sigue en firme la citación a debate de Control Político al Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la doctora María Ángela Holguín, para que responda sobre este particular.