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No más artilugios la TIERRA ES PARA LOS CAMPESINOS (Wilson Arias debate sobre los baldíos)

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Boletín de prensa

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18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

EL POBRE DE LA FAMILIA IRAGORRI: UN CAMPESINO MUY AVIÓN

El Representante Wilson Arias denunció en debate de la Comisión V de Cámara que la familia Iragorri está involucrada en un caso de acaparamiento de baldíos en el Vichada.

La sociedad Agro Elbita SAS es copropietaria de al menos tres predios contiguos con antecedente de baldío ubicados en la Primavera, Vichada, que suman alrededor de 3.800 hectáreas. Los representantes legales de esta empresa pertenecen a la familia Iragorri, del departamento del Cauca. Se trata de María Alejandra y Julián, hijos de la reconocida Maruja Iragorri y sobrinos del Senador Aurelio Iragorri Hormaza. En este caso, además de acumulación de tierras baldías, se presentaron irregularidades en la adjudicación que efectuara el INCORA (hoy INCODER), puesto que el propio Pablo Valencia Iragorri, empresario del sector de la aviación y también hijo de Maruja, fue beneficiario de la adjudicación de un predio, contrariando las disposiciones de la Ley 160 de 1994, la cual establece claramente que los terrenos baldíos deben ser adjudicados a campesinos pobres, sin tierra, que se dediquen a la explotación del predio.

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Accionistas de Riopaila sabrían de los actos ilegales de la empresa": Wilson Arias

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RIOPAILA y CARGILL sí se apropiaron de baldíos, con asesoría de BRIGARD & URRUTIA

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Más pruebas sobre el acaparamiento irregular de baldíos en la Orinoquia. Con facturas y documentos a la mano, Wilson Arias controvierte respuesta de Carlos Urrutia y demuestra que él y su bufete Brigard & Urrutia sí asesoraron tanto a Cargill como a Riopaila. Insiste en que Juan Manuel Santos le remueva del cargo. Ratificado debate en la Cámara de Representantes.

Riopaila Castilla S.A. adquirió 42.000 hectáreas de tierra en el departamento del Vichada, en el proyecto denominado Veracruz. La multinacional estadounidense Cargill compró 52.500 hectáreas en la misma zona (de hecho sus proyectos son adyacentes). Está demostrado que ambas empresas violaron la ley 160 de 1994 al acumular tales extensiones. Y hoy se demuestra que, contra lo que sostiene el Embajador Urrutia en carta de respuesta a Wilson Arias, ambas contaron con la asesoría del bufete de abogados Brigard & Urrutia. Estos hechos ya son de dominio de la opinión pública, pero han sorprendido las afirmaciones del diplomático  Urrutia, para quien ni hubo apropiación de baldíos ni su bufete asesoró a Cargill.

Estos hechos se han presentado como un asunto de interpretación jurídica en los medios de comunicación. Algunos, buscan falsas inconsistencias de la ley 160 para justificar las compras masivas, como el abogado "sofisticado", Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia, con quien parece estar alineado el embajador, según sus recientes declaraciones (Ver). Pero la ley es clara. Ella, en desarrollo de  principios constitucionales y jurisprudenciales, establece que NADIE podrá acumular terrenos superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en terrenos que hubiesen sido adjudicados como baldíos. Los terrenos públicos deben ser destinados exclusivamente a campesinos pobres, sin tierra. Requisitos que claramente no cumplen ni Riopaila, uno de los más grandes ingenios azucareros del país,  ni Cargill la multinacional de alimentos más importante del planeta.

El Consejo de Estado  interpreta cabalmente   la ley conforme a los principios constitucionales rectores, por eso, frente a aspectos como la fecha de adjudicación  a partir de la cual rigen estas prohibiciones, ha dejado en claro que, en una excepción a la irretroactividad de la ley, las limitaciones rigen a predios adjudicados después de 1961 y no únicamente después de 1994, como pretenden el gobierno, los empresarios y sus asesores (Ver). Por ser estas compras, tanto las de Riopaila como las de Cargill, en predios con antecedente de baldío, dichas transacciones deben considerarse nulas y, por la forma en que materializaron, también como delitos.

Para intentar burlar la ley, Riopaila y Cargill recurrieron al bufete Brigard & Urrutia, el cual diseñó un complejo entramado jurídico para tal propósito. El embajador reconoce su asesoría al primero, pero niega al segundo. Llama la atención que Black River – Colombia Agro hasta hace unas semanas aparecieran en la página web de la firma de abogados, como una de sus asesorías calificadas de “casos exitosos", a cargo de Uribe Noguera. Entiéndase, Black River es el fondo de cobertura internacional de Cargill y Colombia Agro, la razón social bajo la cual ha operado la multinacional en Colombia. Tras el escándalo desatado, este "caso exitoso" ha desaparecido de la página web, la cual de hecho ha sido modificada desde entonces en tres ocasiones (Ver).

Pero además, las evidentes similitudes del modus operandi utilizado por Riopaila y por Cargill, sugieren que ambos compartieron  la misma fuente asesora. Las dos empresas comenzaron a estructurar sus negocios desde 2009 aproximadamente. En ambos casos se conformaron estructuras empresariales para acumular los predios con antecedentes de baldío. Riopaila Castilla creó aproximadamente 27 SAS, mientras que Cargill hizo lo propio con 36 de estas empresas. Cada una de estas empresas tipo SAS adquirió una UAF para conformar un gran globo de tierra en el departamento del Vichada, que entre las dos suman aproximadamente 100 mil hectáreas.

¿Qué pasará entonces cuando el gobierno colombiano intente recuperar para los campesinos nacionales, estas tierras adquiridas irregularmente, como en algún momento lo reconociera el propio ministro de agricultura Francisco Estupiñan? El embajador Urrutia estaría enfrentado a una disyuntiva, puesto que su deber como embajador sería recuperar las tierras, pero de otro lado, el bufete que dirigía conceptuó previamente a favor de las compras.

En la respuesta que nos suministra el Embajador Urrutia, afirma que estos hechos son ajenos a su función como embajador, pero de otro lado, califica como “juicio de valor equivocado” decir que hubo apropiación de baldíos en estos casos y que no está de acuerdo con que “haya habido irregularidades  en relación con las compras de terrenos  en las que hayan intervenido clientes de la firma Brigard & Urrutia”. Es decir, para defender las actuaciones del bufete y sus clientes, su investidura como embajador ya no sería un obstáculo (Ver).

Si bien el actual embajador de Colombia en Estados Unidos niega el beneficio económico obtenido por la asesoría brindada por el bufete de abogados, no puede decir lo mismo de los servicios brindados a Riopaila Castilla S.A. El ingenio habría pagado a Brigard & Urrutia más de $331 millones, de los cuales $194 millones se encuentran plenamente soportados  en sus registros contables (Ver), que el Representante a la Cámara ha puesto al conocimiento público.

De la dimensión de éste escándalo a partir de la información divulgada, y de las pruebas que iré presentando en las próximas semanas, tendrán conocimiento la opinión pública colombiana y la comunidad internacional. De hecho, estos sucesos han aparecido recientemente en prestigiosos medios de comunicación internacionales, donde el nombre del embajador se ve seriamente comprometido, afectando ostensiblemente el prestigio de la  diplomacia colombiana, mientras crece la indignación ciudadana al conocer las actuaciones del embajador y su bufete. Por esto, y por las incompatibilidades que yo considero manifiestas, le reitero la exigencia al Presidente de la República, para que retire del cargo al embajador de Colombia ante los Estados Unidos. De igual manera, sigue en firme la citación a debate de Control Político al Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la doctora María Ángela Holguín, para que responda sobre este particular.

MONICA EN MACONDO.

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Las cartas en las que una multinacional le cuenta al entonces presidente Uribe que está violando la ley

“Se conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas subordinadas(…) En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF. Este solo hecho desestimula  la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o de terceros, cada UAF que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas”.

Esto reza en la carta enviada al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, por el representante legal de la multinacional brasilera Mónica Semillas, Ricardo Cambruzzi, el 27 de marzo de 2009. Sorprende entonces que el exmandatario, en declaraciones dadas a la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, haya manifestado que se vino a enterar a través de los medios de comunicación del fraccionamiento de predios que hicieran diferentes empresas para acceder a subsidios (Ver: aquí ).

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El chicharrón de los baldíos

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Tomado de  www.semana.com
TIERRASTras el caso de Riopaila, en Vichada, está de por medio cuál es el modelo de desarrollo rural más conveniente.

Foto: Guillermo Torres / Semana


Si alguna vez un ministro ha revuelto de la noche a la mañana el avispero, fue sin duda el de Agricultura, Francisco Estupiñán, la semana pasada. Con pocos días en el cargo, precipitó un debate nacional sobre un tema que el país venía aplazando desde hace años y que tiene enormes implicaciones para el modelo de desarrollo de la Colombia rural y para el proceso de paz.

El detonante de todo esto han sido las denuncias de dos congresistas del Polo Democrático, Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo, sobre cómo reconocidas empresas agroindustriales del país han llegado a acumular extensiones de tierras que originalmente eran baldías por encima de los topes permitidos por la ley. El símbolo de esta controversia ha sido la adquisición por parte del ingenio Riopaila de 40.000 hectáreas en el Vichada con la asesoría jurídica de la firma de abogados Brigard & Urrutia.

¿Cuáles fueron los hechos? El ingenio tomó una decisión estratégica de inversión de ampliar su actividad agroindustrial en la Orinoquia. Para esto diseñó junto con los abogados un esquema de compra de tierras a través de 27 sociedades por acciones simplificadas (SAS). 

Los campesinos propietarios recibieron cada uno más de 1.000 millones de pesos y ese valor quedó registrado en la escritura. Posteriormente, esas 27 sociedades fueron vendidas a una sociedad española que a su turno se las vendió a una sociedad en Luxemburgo. Finalmente, todas esas sociedades y por ende las tierras quedaron en manos del ingenio Riopaila, el cual ha puesto en marcha un importante macroproyecto agrícola en la zona. 

Como la firma Brigard y Urrutia, una de las dos más grandes del país, tenía como socio principal a Carlos Urrutia, el actual embajador de Colombia en Washington, el debate adquirió mayor notoriedad pública. Lo que podría haber sido una legítima polémica sobre baldíos y concentración de tierras se convirtió además en un ataque al gobierno por parte de la oposición. 

Los congresistas del Polo le han dado ribetes de escándalo a esta polémica. Como la problemática en torno a los baldíos involucra a algunos de los empresarios más prestantes del país, a la firma de abogados más tradicional, al embajador de Colombia ante Estados Unidos y un proyecto de ley del gobierno, Arias y Robledo tienen en sus manos un suculento banquete político que están explotando al máximo. 

Lo que para el gobierno es la necesidad de llegar a una definición sobre cómo desarrollar la Orinoquia y otras regiones del país, para el Polo es la violación de una norma que ha sido fundamental en los esfuerzos de reforma agraria en Colombia. 

El ministro Estupiñán caldeó más el ambiente al calificar las compras de Riopaila y otros grupos económicos como “poco jurídicas”, mencionó palabras como “devolución de la tierra sin compensación” y hasta la posibilidad de sanciones penales. Esa salida del ministro fue considerada bastante imprudente, pues esas interpretaciones le corresponden a la Justicia y no al gobierno. Sobre todo en un enredo jurídico tan complejo como el de las tierras y los baldíos. 

Ya desde el año pasado SEMANA había investigado las asignaciones de los baldíos desde 2003 en todo el país y encontró que centenares fueron asignados a personas que no cumplirían con los requisitos para ser favorecidos con este beneficio. 

Como si esto fuera poco, hay decenas de casos donde suplantaron personas para lograr los títulos y luego vender, o muchos otros baldíos que, en vez de convertirse en parcelas productivas, se transformaron en fincas de recreo. Antes de las denuncias de Robledo y Arias, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y la gerente del Incoder, Miriam Villegas, comenzaron procesos para revocar 900.000 hectáreas adjudicadas por direcciones anteriores de esa entidad.  

Son tan graves los hallazgos que la última decisión de Restrepo, ratificada por el entrante ministro Francisco Estupiñán, fue suspender a partir de los próximos días las titulaciones de baldíos en todo el país, mientras se revisan los voluminosos expedientes que comprometen a cada vez más funcionarios.

En la última década el país ha entregado 2.445.000 hectáreas de baldíos a 85.219 personas. Que la tercera parte de estas asignaciones esté en entredicho ilustra no solo su magnitud sino la complejidad de solucionarlo. De todo este gran universo, el debate por acumulación de tierras se ha centrado en 12 casos. Esas irregularidades fueron recogidas por los congresistas del Polo, quienes aprovecharon la conexión entre Brigard y Urrutia y el gobierno para crear el escándalo. 

Según la Ley Agraria 160 de 1994, el baldío que entrega el Estado no puede ser superior a la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área, que depende de la región y el tipo de suelo, debe ser suficiente para que una familia campesina viva dignamente.  En las zonas muy fértiles, las UAF son de pocas hectáreas y en otras, como en la Orinoquia, pueden ser de 1.500 hectáreas. El problema es que ha habido una legislación confusa sobre el asunto así como mensajes contradictorios de los gobiernos de turno, lo que ha dado pie a que la ley haya sido objeto de diversas interpretaciones, unas más sólidas que otras.

Una de ellas, por ejemplo, es que según esa ley se excluye del derecho de recibir esta tierra a quien tenga un patrimonio neto superior a los 1.000 salarios mínimos, es decir 570 millones de pesos. Este tope tiene algo de absurdo. Si bien el espíritu era limitar la adjudicación de baldíos a campesinos, según la Dian de los 47 millones de habitantes solo 162.000 declararán un patrimonio superior a esa cifra. 

En otras palabras, prácticamente todos los colombianos tienen derecho a ese beneficio. Entre los pocos que quedan excluidos están los grandes capitales que, para bien o para mal, son los únicos que pueden hacer las inversiones necesarias para desarrollar proyectos con economías de escala.

La contradicción entre esta norma y las realidades económicas del siglo XXI constituyen el meollo del asunto. Un tope de esa naturaleza de la UAF tiene sentido en zonas muy fértiles aptas para el pequeño campesino, pero no lo tiene para nuevas zonas inexplotadas y de baja calidad que requieren un gran músculo financiero. En el mundo globalizado de hoy, con tratados de libre comercio con la mitad del planeta, se requieren altos niveles de eficiencia que solo se logran con economías de escala.

 Otro problema estructural es que nadie sabe cuántas hectáreas son de la Nación, pues la existencia del conflicto armado y la ineficiencia del Estado no han permitido hacer un inventario definitivo. En buena medida, la ausencia de este también explica el porqué de tanta irregularidad.

 El dilema para los gobiernos es que en un país tan inequitativo, con una gran concentración de la tierra y el séptimo coeficiente Gini más desigual del mundo, es necesario combinar el discurso político con el económico. El resultado ha sido que ni el uno ni el otro funcionan. En lo político no se ha logrado la redistribución y en lo económico la agroindustria se enfrenta a muchas talanqueras.

El gobierno de Álvaro Uribe, que se identificaba con el campo, se la jugó por proyectos rentables y subsidios que le generaron grandes problemas, como los escándalos de Carimagua y de Agro Ingreso Seguro. El gobierno de Juan Manuel Santos considera que Vichada y el Meta tienen el potencial de convertirse en un gran polo de desarrollo. 

Por eso incluyó en el Plan de Desarrollo la idea de permitir que los adjudicatarios de baldíos pudieran venderlos a compradores que requirieran grandes extensiones para proyectos en los que se compruebe idoneidad y se demuestre la creación de empleo, la productividad y la calidad en la producción agrícola. Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias demandaron  ese artículo del plan de desarrollo  ante la Corte con argumentos de equidad y defensa del campesino. Esta les dio la razón y tumbó ese articulado.

Ante esta situación, el ministro Juan Camilo Restrepo presentó un proyecto de ley que si bien respeta el fallo de la Corte, busca estimular la creación de grandes proyectos agroindustriales que incentiven el desarrollo regional a través de capitales nacionales y extranjeros. 

En este nuevo intento no se permite la venta de las parcelas ni el aporte de estas a cambio de acciones en sociedades. Solo es posible la figura de asociación, en la cual el campesino aporta su tierra y el capital financia su desarrollo sin absorberlo. Para Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia este un tema que el gobierno debe abordar con prioridad. 

Al intento de definir el modelo económico para el desarrollo de esa zona le ha salido otro obstáculo: un concepto del Consejo de Estado que establece que no solo son ilegales las apropiaciones de baldíos posteriores a la Ley 160 de 1994, sino todas las que se remonten hasta 1961. Esto último no solo es absurdo sino inviable. Como dichas transacciones se remontarían a 52 años, dada la informalidad del país en esa época, no hay posibilidad de que exista la documentación confiable para poder rastrearlas. 

Si según el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, en la actualidad el 48 por ciento de los predios rurales no tiene títulos válidos, en 1961 esa cifra podría fácilmente ser el doble. Aunque los conceptos del Consejo de Estado son opiniones que no exigen obligatorio cumplimiento, en medio de una controversia como esta tienen peso y generan ruido.

El conflicto entre la necesidad de desarrollo agroindustrial y la inequidad en la distribución de la tierra está por lo tanto más vigente que nunca. Desde que la Corte Constitucional frenó en seco la posibilidad de macroproyectos agrícolas en el llano y la Orinoquia, se han congelado inversiones por 1.000 millones de dólares que estaban destinadas a esa zona. Estos se sumarían a los 1.000 que ya se han invertido y que han generado enormes beneficios para la región en términos de empleo, bienestar y calidad de vida. 

Las denuncias de Robledo y Arias sobre el caso Riopaila le están dando por ahora una ventaja a quienes defienden un modelo de desarrollo basado en la explotación de la tierra por parte de familias campesinas, frente a los grandes capitales que tienen el músculo financiero para hacer proyectos de gran envergadura. 

El reto que tienen por delante el gobierno, las altas cortes y el Congreso es encontrar una fórmula que permita que las dos realidades no solo convivan, sino que se integren de tal manera que el beneficio sea compartido y resulte en el desarrollo equitativo de las regiones históricamente aisladas. 

Los empresarios que le apuestan al llano

Varios de los empresarios más importantes de Colombia han hecho grandes inversiones en Vichada y en la altillanura. Cada uno tiene una modalidad de negocio diferente y las inversiones sumadas superan los 1.000 millones de dólares. Estos son algunos de los casos más destacados.

 


León Darío Peláez / Semana

Luis Carlos Sarmiento
Tiene dos cultivos en los llanos para un total de 16.600 hectáreas y una inversión de 100 millones de dólares. El primero, Unipalma, consiste en 12.000 hectáreas de palma. La inversión por hectárea es de 12 millones de pesos. Por otra parte, explota 4.600 hectáreas de caucho entre Puerto López y Puerto Gaitán. Ese es el cultivo de caucho más grande en América Latina.

 


Juan Carlos Sierra / Semana

Alejandro Santo Domingo 
Su modelo de inversión no incluye la compra de tierras. Alquila 4.000 hectáreas al grupo Riopaila en el Vichada y le paga con un porcentaje del valor de la cosecha, que por lo general no excede el 3 por ciento. Esta cifra baja obedece a que el grueso de su inversión se destina a adecuar la tierra, a instalar logística, a construir infraestructura y a crear soluciones de transporte. Tiene un remolcador de 980 caballos de fuerza y una barcaza para 1.200 toneladas, que es el medio de transporte más grande en el río Meta.


Carlos Julio Martínez / Semana

Familia Eder
A través del ingenio Manuelita tienen 20.000 hectáreas en el Meta. De estas, 6.000 hectáreas son propias y 14.000 de proveedores. También tienen 10.000 hectáreas en Casanare, de las cuales 5.000 son propias y 5.000 de proveedores. Según Harold Elder invirtieron  50 millones de dólares en una planta extractora. Producen anualmente 70.000 toneladas de aceite de palma y 120.000 de biodiésel.


Joao Corredor

La Fazenda
Pertenece al grupo empresarial Aliar liderado por el industrial santandereano Jaime Liévano y Contegral. Han invertido más de 100 millones de dólares y hoy cuentan con 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya en un proyecto en Puerto Gaitán.

 

Empresas y extranjeros se apoderan de tierras en el Vichada, denuncia representante

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Tomado de  www.caracol.com.co


En carta a la Fiscalía y a la Contraloría, Wilson Arias asegura que con la ayuda de firmas de abogados, se están haciendo a la propiedad de baldíos que deberían ser para campesinos

El representante por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, denunció que contrario a lo que establece la ley de que los territorios baldíos deben ser adjudicados a campesinos para su explotación, en el departamento del Vichada grandes extensiones de tierra está en manos de empresas como el ingenio Riopaila Castilla, Corficolombiana, el grupo brasileño Mónica Semilla o la familia de Carlos Aguel Kafruni.
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Cuestionan acumulación de tierras baldías

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Tomado de www.elnuevosiglo.com.co

La ocupación  de terrenos baldíos en el país tiene un nuevo capítulo de discordia ya que mientras el Ministerio de Agricultura pidió al Consejo de Estado apretar el cinturón en el cumplimiento de las leyes, Riopaila Castilla S.A.  fue demandada por supuesta acumulación indebida de tierras con antecedente de baldíos y el Supernotariado aclaró que solo el juez es el encargado de definir el tema.
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Los “auto préstamos” de Riopaila

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Tomado de confidencialcolombia.com

A través de autoprestamos, Riopaila se quedó con 42 mil hectáreas de tierra en Vichada. Foto: Tomado de internet

 

Una investigación del representante a la Cámara Wilson Arias revela que el Ingenio RioPaila Castilla S.A. adquirió 42 mil hectáreas de tierra en el Vichada para el proyecto Veracruz a través de auto préstamos. La empresa le prestó dinero a las 27 S.A.S. constituidas para poder comprar los terrenos, y estas nuevas sociedades le “devolvieron el favor” al emporio agroindustrial arrendándole los predios durante 30 años por un monto igual al del valor del área. Sigue la polémica.

La amenaza de la extranjerización de la tierra crece y puede ser legalizada en el congreso

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Fue la denuncia que realizó el representante Wilson Arias, quien la semana pasada realizó un debate en el congreso sobre este tema. Para el representante, la ley 194 de 2012 que cursa en este momento en la comisión V de Senado puede agravar la situación que ya es evidente y se agudiza. Además de los intereses de países como India y China están las empresas privadas colombianas que avanzan en la privatización de grandes extensiones de tierra con la complicidad del gobierno que no protege la soberanía aseguró Arias.

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Una segunda feria de los baldíos es lo que propone Juan Manuel Santos con su proyecto de “regulación” de la Inversión Extranjera en el Sector Agropecuario

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Las tierras de los campesinos beneficiarios de reforma agraria son el objeto principal de la nueva fase del despojo que se está dando en Colombia. Un despojo auspiciado por el gobierno actual en nombre de la competitividad y a favor de los grandes inversionistas, nacionales y extranjeros.

El proyecto de ley 164 de 2012 Senado, es una propuesta de regulación de la inversión extranjera hecha a la medida de las exigencias de las multinacionales agropecuarias, los “nuevos llaneros” y el sector financiero. La propuesta es tanto o más regresiva que los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014), que la Corte Constitucional declaró inexequibles mediante la Sentencia C-644 de 2012.

En materia de “regulación” el proyecto de Ley es una “lista de chequeo” para decirle sí a cualquier acaparador de tierra. El proyecto no pretende poner límites porcentuales o en número de UAF (Unidades Agrícolas Familiares) a los inversionistas nacionales y extranjeros, en tierras con antecedentes de baldío o adquiridas por campesinos mediante subsidio integral de tierras. 

El proyecto de Ley también contiene un mico, al sustentar una “interpretación” del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, estableciendo que serán legales las acumulaciones de UAF por parte de grandes inversionistas nacionales y extranjeros en predios titulados antes de 1994. Es decir, se legalizan las adquisiciones de los colonizadores de la Altillanura como Sarmiento Angulo, Mónica Semillas, Riopaila, y otros tantos inversionistas tanto de origen criollo como foráneo.

Así, en nombre de la flexibilización del mercado de tierras que propone el Banco Mundial, su entrega a los más eficientes, lo que nos  propone es un despojo a los campesinos y una feria de los baldíos, similar a lo que ocurrió en las épocas de la post-independencia. 

Despojo, concentración de la propiedad rural y miseria para el campesinado son los temas sobre los cuales legisla el congreso de la Unidad Nacional. Las organizaciones sociales y campesinas, y la ciudadanía en general, exigen el retiro del Proyecto de Ley por parte del Gobierno.

Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo

Carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Bogotá D.C., Mayo 23 de 2013

Señor
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Presidente
Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
La ciudad

Asunto: solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos

En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.

Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.

La primera pregunta es:

¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?

La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:

Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

1.    De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.
2.    De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.

Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:

¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?

Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!

Atentamente,

 

Wilson Neber Arias Castillo
Representante a la Cámara, Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo

Se radica proyecto de reforma constitucional para impedir la extranjerización de la tierra en COLOMBIA

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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El Polo Democrático Alternativo radicó Proyecto de Acto Legislativo para impedir que inversionistas foráneos compren tierras en grandes extensiones en territorio colombiano. El proyecto de reforma constitucional también fue apoyado por los representantes a la Cámara por el Partido Verde, Ángela María Robledo y Carlos Andrés Amaya.


El proyecto radicado el pasado martes 11 de septiembre, adiciona un artículo a la Constitución Política de 1991, en el cual se limita la propiedad de tierra en Colombia a personas extranjeras en un tamaño inferior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF); medida de área que es la unidad básica para la titulación de tierras baldías y procesos de reforma agraria, mediante la cual una familia puede vivir dignamente y obtener un excedente en la formación de su patrimonio.


De igual manera, el proyecto dispone que las tierras baldías sólo podrán ser adjudicadas y entregadas en usufructo a colombianos por nacimiento. Firmas extranjeras o empresas nacionales que actúen a nombre de éstas, no podrán comprar o usufructuar bajo ninguna modalidad éstos terrenos que son propiedad de la Nación colombiana.


Dos elementos del contexto actual en relación con la tierra, sustentan la pertinencia de esta intención de reforma constitucional.


En primer lugar, ha sido suficientemente documentado en los últimos años por organizaciones nacionales, internacionales, parlamentarios como el representante a la Cámara Wilson Arias Castillo, e incluso por organismos multilaterales como el Banco Mundial, acerca de la fiebre por la tierra a nivel mundial. Compañías multinacionales forestales, agropecuarias, el sector financiero y otros países (como China y algunos del Golfo Pérsico, por ejemplo), se disputan negocios productivos y de especulación con la tierra a nivel mundial. Este fenómeno que se ha denominado acaparamiento masivo de tierras (o Land grabbing), es sin duda un reto para la soberanía y el abastecimiento de alimentos de los países en vías de desarrollo en momentos de crisis económica como los actuales.


En segundo lugar, esta disposición atenuaría la tendencia a la mayor concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, que en la actualidad es de las más elevadas del planeta. A 2011, el  índice Gini de concentración de la tierra alcanzó el valor escandaloso de 0,87 (en una escala de 0 a 1), lo cual es un indicador de la grave situación en materia de inequidad en la tenencia y limitado acceso a la propiedad de la tierra.


El trámite legislativo de éste proyecto tomará alrededor de un año de convertirse en reforma constitucional, y representa un trabajo sucesivo del Polo Democrático Alternativo con el apoyo, y en coordinación con organizaciones sociales y campesinas en la defensa por el derecho de los trabajadores agrarios y campesinos a acceder de manera progresiva a la propiedad de la tierra rural.


Por último, la radicación de este Proyecto de Acto Legislativo se articula con la decisión de la Corte Constitucional que hace pocos días, y en respuesta a una demanda por inconstitucionalidad presentada por los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, decidió declarar inexequibles tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que reformaban el régimen de Unidad Agrícola Familiar (UAF), con el fin de adjudicar o entregar en usufructo (arrendamientos de largo plazo) las tierras baldías a empresas nacionales y extranjeras especializadas del sector agropecuario y forestal.


Anexos:

Oficina de Prensa
Wilson Neber Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo

Con santos, las tierras ¿para quien?

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Compartimos con usted, el artículo CON SANTOS, LAS TIERRAS ¿PARA QUIEN?, escrito por el Representante a la Cámara Wilson Arias, para la revista CEPA de laedición del mes de febrero

Un recorderis

Los vínculos del pasado gobierno con el paramilitarismo minaron su legitimidad en el exterior y en amplios sectores de la opinión nacional; polarizaron severamente al país y  menguaron tanto el clima para la aprobación del TLC congelado desde el 2006 en el Congreso gringo, como en general los negocios, agravados con la pérdida del mercado venezolano y el deterioro de las relaciones comerciales con el Ecuador. La situación exasperó a la industria exportadora y generó diferencias al interior de las élites económicas y políticas en torno al tercer mandato de Uribe. La polarización hizo crisis y el consenso de la unidad nacional se volvió necesario y se erigió como forma y estilo de gobierno.

Para descargar en pdf artículo completo dar click aquí.

29 de mayo, debate a la política de tierras del gobierno de Santos. (Trasmisión por el canal del Congreso a partir de las 3:00 pm).

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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El debate convocado por los congresistas, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Wilson Arias, tocará temas neurálgicos de la política de tierras y desarrollo rural, como son la restitución y el acaparamiento de tierras.

Por su parte, el Representante a la Cámara Wilson Arias,  demostrará las irregularidades en que han incurrido empresas extranjeras, que van desde la constitución de empresas fachada hasta la celebración de actos notariales y registrales absolutamente nulos, para concentrar la propiedad de la tierra (en particular baldíos) en Colombia con la complicidad por acción u omisión de las autoridades colombianas, incluyendo a varios ministros de agricultura y al ex presidente Álvaro Uribe.

Igualmente, se demostrará cómo en medio de las irregularidades descritas en materia de tenencia de la tierra, a esas empresas extranjeras y a sus filiales de papel en Colombia, se les han venido otorgando por parte del Gobierno Nacional en los últimos tiempos, cuantiosos beneficios tributarios e incentivos como subsidios de Agro Ingreso Seguro, créditos blandos de FINAGRO, exenciones tributarias, entre otros. Recursos que a pesar de haber sido adquiridos con evidentes infracciones al ordenamiento jurídico, y en algunos casos habiendo presentado denuncias hace cerca de dos años por parte del representante Arias, ni las autoridades administrativas ni los entes de control han adelantado acciones para recuperar esos dineros que pertenecen  a todos los colombianos.

 

La política agraria del Gobierno de Juan Manuel Santos: ¿“Prosperidad para todos”?

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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En la medida en que la sociedad colombiana no resuelva sus más graves problemas agrarios, en particular el latifundio y su hija, la pobreza, seguirán rondándonos como alma en pena: día tras día, noche tras noche van a aparecer y a desvelarnos, con sus cargas de violencia, muerte y atraso. Son tan acuciantes que el presidente Santos en sus primeros pronunciamientos debió destacar repetidas veces su propósito de restituir las tierras a las víctimas del despojo; no obstante, los hechos han entrado a contradecir el discurso, de manera cada vez más abultada. En efecto, a pocos días del primero de estos anuncios comenzaron los asesinatos de los dirigentes de las reclamaciones, en una espiral que ya ha consumido decenas de vidas, en el conocido contexto de las dilaciones de la justicia y la impunidad, así como la creación de confusiones en torno a las masacres, de las cuales las víctimas han acabado siendo los autores.

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