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Emergencia Económica, Social y Ecológica: el Oportunismo Ligado al Desastre

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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La grave situación en materia social, económica y ambiental que ha generado el invierno en el territorio nacional desde mediados del año 2010, y que aún muestra algunos efectos ya en un período de descenso de la pluviosidad, fueron la justificación para que el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, declarara la situación de Desastre Nacional en el territorio colombiano mediante decreto 4579 del 7 de diciembre de 2010.

 

Situación que se decidió manejar bajo la forma institucional contemplada en la constitución de Estado de Excepción, mediante la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica sustentada en el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010; estado de excepción contemplado para un período de treinta días (que el pasado 7 de enero se prorrogó hasta el 28 de enero mediante decreto 020 de 2010) durante el cual el ejecutivo puede mediante decretos con fuerza de ley, establecer distintas medidas de política para enfrentar la emergencia.


Una vez declarada la emergencia al amparo de la constitución y con argumentos acerca de la incapacidad de enfrentar la situación por la vía legislativa, la necesidad de efectuar traslados presupuestales, crear nuevas fuentes de ingresos tributarios y no tributarios (creación o aumento de impuestos y adquisición de recursos de capital mediante deuda pública), entre otras razones afirmadas en el decreto 4580; el Gobierno Nacional desde la fecha ha impartido más de una veintena de decretos con el ánimo de enfrentar la situación de emergencia. No obstante, una evaluación crítica de las medidas propuestas indican que tales medidas van más allá de las medidas de un estado de excepción, y parecen obedecer más a un carácter oportunista del gobierno de Juan Manuel Santos para evadir el debate político a temas tan neurálgicos como el uso de las regalías y la venta de ECOPETROL S.A. A esto se suma la creación de un Fondo de Adaptación (creado mediante decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010) que va a centralizar los recursos y de ser necesario socavará de partidas de otras entidades, dineros que van a ser administrados por un “gurú” de la banca como Jorge Londoño Saldarriaga (Presidente saliente de Bancolombia) en colaboración con empresarios, que además de generar una “burocracia alterna” sustentado en ideas de transparencia y buen gobierno, dejan serias dudas, a la vez que generan suspicacias sobre el real destino y prioridad de los recursos dispuestos a solucionar la grave situación de desastre.

Al respecto vale la pena aclarar que la posición aquí expresada no desconoce la grave situación en materia social y económica que atraviesa el país a causa de la grave situación generada por el fenómeno de la niña, y tampoco a la figura constitucional del Estado de Excepción para atender acontecimientos o situaciones que lo ameriten y sigan los lineamientos de la carta. No obstante, una situación como la que vive el país debe ser afrontada con profundos valores democráticos y no como una oportunidad de índole política, en un período pre-electoral para llevar a cabo reformas o políticas que afectan en tiempo presente y futuro temas de naturaleza económica y social sin el debido debate democrático.

 

¿QUÉ IMPLICA Y QUÉ HAY DE FONDO EN EL ESTADO ACTUAL DE EXCEPCIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA?

A continuación se describen algunos ítems de análisis crítico de las medidas decretadas por el gobierno en ocasión de la emergencia provocada por la ola invernal que afecta al país.

 

1. POBRES ANTES DEL INVIERNO, POBRES EN LA EMERGENCIA. Desde los decretos que estipulaban la emergencia y la situación de desastre, las medidas parecen contemplar que la población afectada no tenía la cualidad de pobre sino con posterioridad a la emergencia. En este punto hay que ser coherentes y concisos y decir que las zonas afectadas por la ola invernal eran y son hoy aún más pobres, con amplios márgenes de inequidad y concentración del ingreso como lo han hecho saber organismos como la Cruz Roja Colombiana. Desde esta óptica, las medidas no parecen apuntar a una oportunidad para cambiar esta realidad, sino para dejar intactas estas brechas; muchas de las políticas como las referentes a los traslados presupuestales, el uso de recursos propios en algunas políticas esenciales como las de salud para otros efectos, así parecen demostrarlo.

 

2. LO ELECTORAL Y LOS RECURSOS: OPORTUNIDADES CLIENTELARES. Debe tenerse en cuenta para cualquier análisis al respecto de éste Estado de Excepción, que el contexto actual, y más específicamente del presente año, está delimitado por “la cuestión electoral”, y es en este escenario en el que se dictan las medidas de emergencia. La forma en la que se realice la crítica y el seguimiento serán determinantes para sacar a la luz medidas de corte populista como el “re-aumento” del salario mínimo y las medidas estipuladas mediante decreto; las cuales vale la pena anotar, pueden seguir saliendo para otros frentes con la ampliación del Estado de Excepción hasta enero 28. En resumidas cuentas, el tema de la Emergencia Económica, Social y Ecológica debe ser tomado como un factor estratégico para el seguimiento y fiscalización de los recursos girados a las zonas afectadas por la coyuntura electoral.

 

3. EMERGENCIAS: OPORTUNIDAD PARA REFORMAS SIN DEBATE. El carácter oportunista de la declaratoria de emergencia para llevar a cabo procesos de naturaleza legislativa sin un necesario debate político, ponen a la ciudadanía a elegir entre el afán y la relevancia democrática de las decisiones. Al respecto sobresalen la venta de una parte accionaria propiedad de la nación en ECOPETROL, la disposición de los Recursos del Fondo Nacional de Regalías, los lineamientos sobre traslados presupuestales de la vigencia pasada (2010) en algunas entidades, y la apertura de cupos de endeudamiento con ambigüedades en su real destino y pago posterior, son una muestra de las pretensiones de centralización de los recursos públicos (dictadura o monarquía fiscal) por parte del gobierno; medidas que son un abrebocas de lo que pretende este gobierno en el manejo democrático posterior de los recursos públicos cuando ponga a consideración del congreso en esta legislatura la reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto.

 

4. ¿ES CULPA DE SAN PEDRO? La magnitud y las consecuencias de la ola invernal que han documentado organismos como el IDEAM y la Cruz Roja, deben poner de manifiesto dos aspectos de ulteriores de la realidad ambiental y de prevención alrededor del tema ambiental. Por un lado, las naciones poco desarrolladas como la nuestra, deben exponer en diversos escenarios (no sólo e cumbres de cambio climático y similares) la externalidad negativa conjunta del cambio climático, frente a la supuesta responsabilidad individual de un Estado particular que se ve afectado. Este tema es fundamental para encontrar razones profundas al problema actual, y como lo titulaba una artículo de prensa remitido “No le echemos la culpa a San Pedro”. Por otro lado, es hora que la población colombiana pida una rendición de cuentas a los gobiernos anteriores y exija un plan programático (no producto de un Estado de Excepción como el actual) para ponerle fin a la vulnerabilidad en diversas zonas del país ante inminentes y cada vez más frecuentes desastres naturales, estas labores van desde la pedagogía hasta la limitación de políticas que destruyan el medio ambiente como son las concesiones mineras y la falta de infraestructura preventiva. Un examen riguroso y crítico del Plan Nacional de Desarrollo de éste gobierno, pone en tela de juicio el tema ambiental como eje transversal cuando a su vez la “locomotora minero-energética” es una de las políticas consentidas.

 

5. RECURSOS PÚBLICOS PARA LOS DAMNIFICADOS… ¿QUIÉN ES UN DAMNIFICADO? Es de especial interés conocer a profundidad los censos de afectados, y de allí determinar si está bien distinguida y diferenciada la población afectada, pues el decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica (4580 de 2010) establece que serán catalogados como damnificados los que se registran en estos censos locales o regionales; de tal manera que desde el pequeño agricultor hasta el gran terrateniente (para el caso de los lineamientos de la política agropecuaria) serían objeto de ayuda (líneas subsidiadas de créditos, como lo establece el decreto del Ministerio de Agricultura). La emergencia debe en éste sentido ser ejemplo de distribución e equidad ?En relación con la atención y rehabilitación en caso de emergencias, la Constitución Política establece en su artículo 13 el papel del Estado frente a la población afectada, al ordenarle la protección prioritaria de las personas en estado de debilidad manifiesta? y no de favorecimiento a sectores pudientes (como lo ha demostrado Agro Ingreso Seguro), lo que además conduce a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad del estado frente a la destrucción de los bienes públicos y privados, teniendo en cuenta que el Estado se relaciona con las amenazas naturales a traves del manejo y gestión del riesgo por acción o por omisión?¿cuales deben de ser los criterios y los limites de su acción subsidiaria frente a sectores pudientes? Este tema controversial puede ser la vía para una definición de la eficiencia y los principios distributivos que contempla este gobierno en sus medidas ¿Contratos basura para los damnificados es una forma de lograr tal objetivo?.

 

6. LA DESFONDADA… ELEMENTO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. Este gobierno pretende la creación de un sinnúmero de fondos para manejar recursos, cuyo fin último es centralizar los recursos por distintas vías, ejemplo de ello son el Proyecto de Acto Legislativo de Regalías y estos decretos de Emergencia Económica Social y Ecológica. En el caso de la Emergencia, no bastó con reformar el decreto que reglamenta el Fondo Nacional de Calamidades para ampliar su margen de actuación, sino que se creó el Fondo de Adaptación, que además de ser dirigido por un exrepresentante de la banca nacional, en su formulación deja bastantes detalles sujetos de suspicacia sobre el real manejo y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Todo con un agravante que también se denotó en el decreto que crea la figura laboral de “Empleo de Emergencia”, y es que este fondo con sus cualidades de autonomía y bajo la legitimidad de alterar partidas presupuestales de otras entidades con la venia del Ministerio de Hacienda, puede ser un vehículo expedito para expoliar recursos de establecimientos públicos como el SENA que hacen parte de la contabilidad del Presupuesto Nacional.

 

Las anteriores son algunas apreciaciones sobre el conjunto de medidas y el contexto social y político en el que se declara este estado de excepción de Emergencia Económica, Social y Ecológica. A continuación se brinda una descripción somera del contenido de cada decreto y su impacto económico y social, al igual que se invita a leer de manera directa cada uno de estos lineamientos con fuerza de ley con el fin de evaluar tales medidas de una forma más adecuada.

 

MEDIDAS DE POLÍTICA ADOPTADAS MEDIANTE DECRETO EN OCASIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
A continuación se describe el listado de decretos (posteriores a la declaratoria de emergencia) y la intencionalidad manifiesta de los mismos:

 

1. DECRETO 4627 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA 2010

El decreto establece que con el objeto de agilizar las transferencias del Fondo Nacional de Calamidades para la atención del desastre ocasionado por el invierno, el presupuesto de ingresos y rentas de la nación y los establecimientos públicos, incluyendo las rentas parafiscales, tendrán por destinación la atención de la emergencia. . La operación en total se establece a una suma cercana a los 0,4 billones de pesos, recursos que serán administrados por el Fondo de Adaptación como lo estipula el decreto que crea este mismo fondo.
Cinco entidades aportan en un 70% el total de recursos girados al Fondo Nacional de Calamidades: El Fondo Nacional de Regalías con un 25,34%; el Ministerio de Hacienda con el 15,34%; el Ministerio de la Protección Social con el 12,68%; La Agencia Nacional de Hidrocarburos con 8,66%; y el Fondo Nacional de Vivienda con el 8,05%. Sobresale que ninguna entidad adscrita al Ministerio de Defensa u organismo de seguridad, a diferencia del DAS, son objeto de traslados (contra-créditos) presupuestales en sus partidas de inversión o funcionamiento, un ejemplo más de las prioridades aún en momentos de grave desastre nacional. El siguiente cuadro resume el total de recursos trasladados del Presupuesto de 2010 al Fondo Nacional de Calamidades:

 

 

2. DECRETO 4703 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN VIRTUD DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO MEDIANTE EL DECRETO 4580 DE 2010

Mediante este decreto se autoriza a la nación para celebrar operación de crédito interno y externo con el fin de garantizar recursos para financiar los requerimientos ocasionados por la ola invernal, Se estipula que los entes territoriales con el aval de la nación podrán efectuar operaciones de crédito externo, definiendo garantías para tal efecto que pueden no ser adoptadas por la nación, es decir, los entes territoriales se pueden endeudar poniendo como garantía sus activos y no los de la nación. Y de igual manera, se autoriza a utilizar los recursos tributarios necesarios para pagar el servicio de la deuda generada para fines de la emergencia, lo que significa que a discreción del ejecutivo, los recursos fiscales podrán tener como prioridad el pago de la deuda pública.

 

3. DECRETO 4819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 – POR EL CUAL SE CREA EL FONDO DE ADAPTACIÓN

Por medio de este decreto se crea y se estipulan los principales lineamientos del Fondo de Adaptación, el cual financiará proyectos para la rehabilitación, construcción y reconstrucción de zonas afectadas por el invierno. El decreto autoriza la centralización de los recursos de distintas fuentes en éste fondo al cual el gobierno le da las características de autonomía e inembargabilidad, estableciéndose a su vez de manera indirecta, que los recursos de éste fondo dispondrán de una discresionalidad del gobierno a partir de la definición de prioridades, es decir, será plata de bolsillo del Presidente para desarrollar los proyectos que considere necesario, significando esto que inclusive se tendría como elemento secundario el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) de las entidades y las previsiones que hasta ahora se tenían para el mediano plazo con destino a inversión.

 

4. DECRETO 4820 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 – POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA ENAJENACIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA NACIÓN EN ECOPETROL S.A.

El Gobierno Nacional hace unas semanas retiro del congreso el proyecto de ley No. 207 de 2010 Senado, cuya intención era que el Gobierno pudiera adelantar un proceso de enajenación del 10% del capital suscrito y pagado de Ecopetrol S. A., garantizando que la Nación conserve como mínimo la propiedad del setenta por ciento (70%) de las acciones en circulación con derecho a voto de Ecopetrol S. A.”. La razón para efectuar tal retiro, es que con sustento en la declaratoria de emergencia, el Gobierno Nacional mediante decreto 4820 de 2010 pretende “hacerle el quite” a este engorroso tráfico de la iniciativa de venta de la participación de ECOPETROL S.A. y dedicar estos recursos para infraestructura (una de las locomotoras establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo) principalmente, tal y como lo estipula el decreto en mención.
El decreto da lineamientos expresos para la enajenación siguiendo la ley 226 de 1995, pero se deja al margen el debate político y económico de tal determinación, lo cual hace manifiesto un carácter oportunista del actual gobierno para disponer de los recursos públicos en pro de iniciativas que van más allá de la atención de la emergencia, y tratan de políticas de mediano plazo y no propiamente coyunturales (como es la intencionalidad de un Estado de Excepción). Esta medida es controversial, pues además de la falta del debate político, la consulta a los trabajadores y demás ciudadanos, tal medida no es consecuente con la supuesta preocupación por el desarrollo nacional; ya que ante una Bonanza Minera como la que ha anticipado el gobierno en diversas ocasiones, la venta de una participación considerable de una empresa pública como ECOPETROL S.A. por razones de riesgo, prisa en la venta (entre 2 y 3% se efectuaría éste año según el Ministro de Hacienda) y el valor presente neto de la inversión en infraestructura (que no sería de carácter estructural) comparado con lo recibido de la propiedad de la nación en esta empresa, puede ser atentatoria al patrimonio público (1)   .

 

5. DECRETO 4821 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 – POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE SUELO URBANIZABLE PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA NACIONAL

Con este decreto se pretende articular iniciativa privada y pública, a la vez que la articulación con Megaproyectos con el fin de no sólo dar alojamiento a los ciudadanos víctimas del invierno; sino expandir de manera amplia la vivienda. En otras palabras, el decreto al igual que las demás iniciativas similares, buscan de la emergencia transformar las obligaciones coyunturales en “locomotoras”. Los proyectos se harán en coordinación con los niveles departamentales y locales, mediante la definición de los PIDU (Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano) que se establecen de dos categorías dependiendo del ajuste necesario con el Plan de ordenamiento Territorial Vigente y la concertación con propietarios y en materia ambiental.

 

6. DECRETO 4822 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE SUSPENDEN RESTRICCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LAS PISTAS DE LOS AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TERRITORIO NACIONAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA NACIONAL

Este decreto se expidió con la intensión de paliar la grave situación de movilidad terrestre en el país a causa de los estragos del fenómeno de la niña. La medida busca “evadir” la autonomía de las instituciones ambientales en materia de actos administrativos proferidos por estas al establecer restricciones de operación (restricciones ambientales) las veinticuatro (24) horas. La medida será suspendida cuando el gobierno halle que la demanda aérea tiende a estabilizarse con la mejora en la movilidad terrestre; en todo caso, el decreto establece que la duración de esta medida es de máximo seis (6) meses.

 

7. POR MEDIO DEL CUAL LOS CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS DEL ESTADO DEBERÁN CONTRIBUIR SOLIDARIAMENTE A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

El decreto establece un principio de solidaridad entre los concesionarios viales privados y el INVIAS que están desarrollando obras en el área de influencia a zonas de desastre invernal, para que colaboren con maquinaria y trabajadores en el apoyo a las labores de atención de la calamidad invernal. No obstante, en realidad no se trata de solidaridad en términos “caritativos”, ya que el gobierno reconocerá sobrecostos por el trabajo realizado y la maquinaria prestada para la atención de las emergencias; a la vez que estipula que el Instituto Nacional de Vías debe concentrar esfuerzos adicionales en la realización de obras que no están en la actualidad bajo su inventario.

 

8. DECRETO 4824 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITE LA DISPOSICIÓN TEMPORAL DE LOS ESCOMBROS Y LA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL

La reconstrucción de vías y obras públicas necesarias para atender y evitar la ampliación de la ola invernal se concibe mediante este decreto como obra de interés público y social. Y en éste sentido, se estipula la libre remoción de escombros en lugares de propiedad privada dando campo a la indemnización sólo si se afecta el valor comercial del predio.
El decreto a su vez estipula que en zonas de explotación o bajo título minero, se podrá hacer uso de materiales provenientes de estas propiedades de manera temporal; al mismo tiempo que se solicita celeridad a los organismos y entidades encargados para otorgar licencias y demás documentos o trámites para tales fines.

 

9. DECRETO 4825 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010

El decreto en mención crea un impuesto al patrimonio nuevo, y a su vez una sobretasa para el impuesto ya existente. En ambos casos el impuesto se estipula para las vigencias fiscales de 2011 a 2014, y se pagarán en ocho cuotas iguales durante el período (2 veces al año).

Nuevo Impuesto al Patrimonio y sobretasa al actual

  • Riqueza definida como Patrimonio Líquido
  • Contribuyentes: Personas jurídicas, naturales, sociedades de hecho y contribuyentes del impuesto de renta, excluidos los clasificados en los artículos 19, 22, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario (sindicatos, fundaciones, fondos de inversión, etc.).
  • Hecho generador: riqueza poseída al 1° de enero de 2011 entre 1000 y 3000 millones de pesos.
  • Base Gravable: Patrimonio líquido excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros trescientos diecinueve millones doscientos quince mil pesos ($319.215.000) del valor de la casa o apartamento de habitación.
  • Tarifa:
  • Entre $1.000 millones y $2.000 millones: 1%
  • Entre $2.000 millones y $3.000 millones: 1,4%
  • Sobretasa al impuesto actual: Patrimonio líquido entre $3.000 millones y $5.000 millones, de 25% a su actual tributo de2,4%.
  • Sobretasa al impuesto actual: Patrimonio líquido superior a $5.000 millones, una sobretasa de 25% a su actual tributo de 4,8%.

 

El decreto estipula que las empresas que estén bajo la figura de estabilidad jurídica deben ser contribuyentes del tributo, por lo que se elimina temporalmente la exención que hasta ahora figuraba en el impuesto actual bajo esta denominación de seguridad de inversiones. Por otro lado, mientras el artículo 12 del decreto establece que los recursos recaudados por el impuesto se transfieran al Fondo Nacional de Calamidades, al Fondo de Adaptación y demás organismos que corresponda, el artículo 13 del decreto establece que con los recursos que se obtengan de este tributo, el gobierno podrá pagar el servicio de la deuda que se genere para financiar el estado de excepción por la ola invernal. En este sentido, al ser un sinnúmero de proyectos y programas los que se atienden bajo esta figura, resultará que el aumento en la tributación y los nuevos recursos, servirán para sanear el déficit fiscal acumulado, otro ejemplo del manejo creativo de recursos en las finanzas públicas.

 

10. DECRETO 4826 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE ADICIONA LA LEY 785 DE 2002 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA NACIONAL

Este decreto establece que los bienes muebles e inmuebles que estén bajo la figura de extinción de dominio podrán ser usados de manera provisional o definitiva para atención de la población damnificada. De igual manera autoriza de manera directa a la Dirección Nacional de Estupefacientes o a través de terceras personas, para hacer procesos de enajenación cuyos recursos se transferirán al Fondo Nacional de Calamidades; y a la vez exonera del pago de impuestos a los bienes que sean usados de manera provisional por el tiempo que tome tal medida.

 

11. DECRETO 4827 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

 

Mediante este decreto se pretende darle continuidad en situación de grave calamidad al período escolar. Para tal efecto se ponen a disposición de distintos planteles educativos una misma infraestructura física de naturaleza pública. De igual manera se invoca a la flexibilidad en la amplitud del período académico y la innovación, uso de herramientas informáticas y practicidad en métodos pedagógicos para sacar adelante el proceso educativo durante el año 2011.

 

12. DECRETO 4828 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR GRAVE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO E IMPEDIR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS (MEDIDAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO)

Bajo este decreto, el Ministerio de Agricultura podrá establecer líneas de crédito para la reconstrucción de viviendas rurales y para abonar saldos de crédito, únicamente para familias pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN que sean clasificados en los censos de damnificados. No obstante a tal focalización, el decreto también contempla que el Ministerio podrá abrir líneas de crédito con tasa de interés subsidiada, no sólo para la población focalizada por SISBEN, sino que son para recuperar la actividad productiva; al mismo tiempo que quedarán en cartera especial los créditos en proceso de reestructuración y podrán ser objeto de normalización de cartera.

El decreto incluye a su vez disposiciones sobre vivienda rural, que serán financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo Nacional de Calamidades. Al mismo tiempo incluye lineamientos de política sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para atender plagas y enfermedades; y un capítulo especial para la readecuación de tierras en zonas damnificadas, procesos que van a ser manejados por el INCODER con preferencias los de menores recursos. Todo lo anterior sujeto a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo Nacional de Calamidades.

 

13. DECRETO 4829 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE ADICIONA LA LEY 1341 DE 2009 CON EL FIN DE ATENDER LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECO LÓGICA DE LA QUE TRATA EL DECRETO 4560 DE 2010 (Ministerio del Interior y de Justicia)

 

Este decreto impone medidas a operadores de telecomunicaciones para dar prelación y continuidad a los servicios y redes en zonas de mayor impacto de la emergencia. En caso de no permitirse por parte del operador tal orden, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones podrá hacer uso de servidumbre (uso sin consentimiento del privado) de la infraestructura para garantizar la provisión del servicio.

 

14. DECRETO 4830 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4702 DE 2010 (MODIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES)

Este decreto reglamenta la creación del Fondo de adaptación, modificando el decreto reglamentario del Fondo de Calamidades, todo con el fin de darle la característica de recursos no sujetos a gravamen y permitiendo la transferencia a cualquier entidad pública sin la necesidad de operaciones presupuestales de la entidad receptora para tal efecto. En otras palabras, significa que el manejo y administración principal de los recursos dependerá de la gerencia del Fondo de Adaptación, aunque se mantendrá la vigilancia de los organismos de control.

 

15. DECRETO 4831 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DESTINAN RECURSOS PARA CONJURAR LA CRISIS E IMPEDIR LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA

Ante la proyección del Gobierno Nacional de tener proyectos finalizados de reconstrucción, construcción y rehabilitación en zonas de desastre en más de dos años, se estipula como necesario tener recursos de caja inmediatos con el fin de financiar estos proyectos.

Esta disponibilidad de recursos líquidos son asimiladas a los recursos del Fondo Nacional de Regalías, y podrán ser necesario tomadas por el Gobierno Nacional con para la financiación de proyectos para la construcción y rehabilitación de obras en zonas afectadas por el invierno.

El decreto contempla descuentos acorde con la normatividad vigente y el plan de inversiones particular del ente receptor de las regalías que está catalogado como damnificado, con el fin de colaborar en la construcción y rehabilitación de obras, sin embargo, no se especifica nada en caso contrario. Es decir, un ente receptor de regalías que no está catalogado como zona de desastre invernal, simplemente debe transferir los recursos para tal fin a otras zonas bajo la figura de solidaridad.

De igual manera, el decreto contempla una vigencia concreta que deroga disposiciones contrarias (por ejemplo, la reglamentación sucesiva a la posible aprobación del Acto Legislativo 013 de 2010 Cámara que modifica el régimen de regalías) hasta el año 2012. Así, los recursos del Fondo Nacional de Regalías se convertirán en dinero de caja para ejecutar a cargo de Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, que tal y como se mostró en la explicación del decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010, transferencia que asciende a la cifra de ciento dos mil millones de pesos ($102.000.000.000).

 

16. DECRETO 4832 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA NACIONAL

Dos capítulos componen este decreto. El primero corresponde a facultades que se le dan a FONVIVIENDA para  contratar y destinar de recursos para la construcción de viviendas de interés social. Al mismo tiempo que se le brindan facultades de fiducia para administrar y trasladar recursos y bienes (muebles e inmuebles de propiedad pública y privada) a fondos autónomos (como el creado mediante el decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 - Fondo de Adaptación) teniendo como principio la individualización de los subsidios a familias beneficiarias por la calamidad de la ola invernal. Y el segundo capítulo corresponde a la situación particular de familias beneficiarias de subsidios de vivienda e zonas afectadas con anterioridad a la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, quienes serán sujetos de nuevo subsidio o reubicados en nuevos proyectos, según sea el caso (que ya tuvieran la vivienda o estuvieran en proceso de adquisición).

 

17. DECRETO 4833 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - POR EL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS ASOCIADAS AL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TENDIENTES A CONJURAR EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECRETADO MEDIANTE DECRETO 4580 DE 2010

El decreto obliga a los proveedores de telecomunicaciones y de televisión (en todas sus categorías) a colaborar con la situación de emergencia; al mismo tiempo que exime del cobro por parte de los operadores a aquellas personas catalogadas como damnificadas que no han podido hacer uso del servicio.

 

18. DECRETO 020 DEL 7 DE ENERO DE 2011- POR EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR RAZÓN DE GRAVE CALAMIDAD PÚBLICA".

El pasado 7 de Enero de 2011, el Gobierno Nacional mediante decreto 020 ordenó la ampliación del estado de emergencia económica, social y ecológica hasta el 28 de enero de 2011 ante la continuidad del fenómeno de la niña a finales del año 2010 y los graves desastres que ha venido ocasionando en distintas zonas del país. De igual manera, el gobierno mediante este decreto con fuerza de ley convoca al congreso de la república el 7 de febrero de 2011.

 

19. DECRETO 015 DEL 6 DE ENERO DE 2011 - POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

El decreto establece los siguientes lineamientos sobre la velocidad de vehículos automotor:

  • En zonas urbanas y carreteras municipales: Máximo 60 kilómetros por hora.
  • En zonas escolares y residenciales: hasta de 30 kilómetros por hora.
  • En carreteras nacionales y departamentales (vehículos que no son de servicio público): máximo 100 kilómetros por hora.
  • En carreteras nacionales y departamentales (vehículos de servicio público, carga y escolar): máximo 80 kilómetros por hora.

 

No obstante a estos lineamientos, el decreto deja márgenes de maniobra para adecuar la reglamentación a cargo de la autoridad competente según las condiciones particulares de la zona y las vías de determinado ente descentralizado.

 

20. DECRETO 016 DEL 6 DE ENERO DE 2011 - POR EL CUAL SE CREA LA FIGURA DEL "EMPLEO DE EMERGENCIA" PARA LOS DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010

Se define en el decreto como “empleo de emergencia” la contratación de personas afectadas que se dedicarán a labores de reconstrucción, rehabilitación y construcción de zonas afectadas por la ola invernal. Este empleo será remunerado de una forma precarizada sin seguir el código sustantivo del trabajo, pues serán contratados con un Salario Mínimo Legal Vigente, y si bien el pago de salud y pensiones corre a cargo del empleador, no se dice lo mismo de la afiliación a riesgos profesionales; a la vez que el decreto estipula que no se pagarán parafiscales. Los requisitos para acceder a este “beneficio” son: ser mayor de 18 años y estar registrado en el Sistema Nacional de Recurso Humano del SENA, dándole prelación en la contratación a personas pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN y aquellos registrados como damnificados; quienes son caracterizados como proclives (como si la mayoría ya no lo fueran, la mayoría de damnificados) a caer en la pobreza ante la falta de ingresos. En este sentido, vale la pena anotar que el decreto contempla una orden de focalización en su artículo 6, estipulando que las entidades pertenecientes a los distintos niveles de gobierno y las empresas contratistas del Estado, darán especial preferencia a las personas que sean objeto de empleo de emergencia. Es decir, las políticas que reconstruirán el país se realizarán con mano de obra barata, legitimándose con una nueva figura de precarización laboral bajo la excusa de la emergencia económica, social y ecológica: El Empleo de Emergencia.

 

21. DECRETO 017 DEL 6 DE ENERO DE 2011 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD CON EL FIN DE HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO  4580 DE 2010

 

Cuatro capítulos componen este decreto. El primero hace referencia a la cualidad o criterio de interpretación, consistente en la solidaridad, es decir, que se pone en función de la buena voluntad del organismo prestador del servicio el derecho fundamental del ciudadano (por demás calificado como damnificado): “garantizar el goce de sus derechos fundamentales y su dignidad en armonía con los derechos de terceros”.
El segundo capítulo trata de los recursos necesarios para atender los servicios de salud en ocasión de la emergencia, y para tal efecto se trasladan 0,5 puntos porcentuales del rubro destinado a “propósito general” al rubro de salud en el esquema de repartición de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, recursos que servirán para salud preventiva (no de atención o curación) como lo establece el parágrafo 1 del artículo 4° del decreto en mención. La repartición de estos recursos se reglamentará expresamente mediante documento CONPES obedeciendo al criterio per-cápita y las cualidades de recaudo (recursos tributarios propios de los entes territoriales) y calificación de atención (NBI principalmente es el indicador), y de ser necesario se tratarán efectos compensatorios de recursos entre entes territoriales (es decir, no se destinarán recursos del orden nacional para estos propósitos de salud preventiva, sólo se contempla – de ser necesario- el envío de recurso humano del Ministerio a zonas como albergues).
El tercer capítulo trata de las medidas de salud pública. En primer reglamenta la posibilidad por parte del Ministerio de la Protección Social de declarar el Estado de Emergencia Sanitaria si la situación así lo requiere. Al mismo tiempo que flexibiliza (de manera peligrosa en parte) el trámite para la importación de medicamentos y plaguicidas con destino a la atención de las zonas afectadas por la ola invernal.
Y por último establece un capítulo de medidas de Accedo al Servicio de Salud, entre las que sobresalen:

  • La cédula de ciudadanía, el registro civil o documentos que contengan los respectivos números servirán para ser atendidos por la IPS correspondiente.
  • El decreto contempla un proceso priorización de recursos destinados a la modernización y reestructuración de las redes de prestación del servicio de salud, es decir, no es la atención de los damnificados lo fundamental sino la organización de los procesos a lo que se van a destinar los recursos.
  • Se afilia al Régimen subsidiado a las personas que antes de la emergencia estaban en el régimen contributivo, por un período de hasta 6 meses, en la cual se den simultáneamente tres eventos: a). Haber estado afiliado al régimen contributivo de seguridad social; b). Ser residente en los municipios críticamente afectados. Para el efecto, el Ministerio de la Protección Social determinará los criterios de afectación; y c). Haber perdido la posibilidad de desempeñar su trabajo habitual o el empleo que realizaba con contrato de trabajo.
  • En todo caso, el decreto estipula que si la persona demuestra capacidad de pago, no podrá ser objeto del beneficio.

 

 

(1) ECOPETROL es la empresa que anualmente le da más recursos a la nación mediante el giro de dividendos, al mismo tiempo que es una empresa con oportunidades de expansión y crecimiento continuo (se espera que como utilidades operacionales ECOPETROL en 2010 puede alcanzar los 12 billones de pesos).

 

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